Una silla para los obispos

Julio Javier Trelles Metzner

La auditoría de la mina Cobre Panamá está publicada desde junio. Falta un plan de correcciones con fechas y fiscalización.

Desde el 19 de junio de 2026 los quince tomos de la auditoría integral de la mina Cobre Panamá son documento público. El mensaje que la Conferencia Episcopal Panameña firmó el 15 de septiembre sostiene que las limitaciones reconocidas en ese proceso «no dan la seguridad necesaria ante una decisión de tanta trascendencia».

La preocupación de fondo es legítima. Donoso está dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, y el agua, los bosques y la biodiversidad de esa zona no se reponen con dinero. El desacuerdo está en otra parte. La mina lleva cerrada desde noviembre de 2023 y el Estado todavía no decide qué hacer con ella. Hay evidencia publicada sobre las dos cosas que están en juego, el daño ambiental y el daño social.

El Ministerio de Ambiente informó que SGS Panama Control Services, la firma contratada por el Estado, entregó el informe final, con la evaluación de los 370 compromisos ambientales que el proyecto tenía asumidos. El comunicado oficial consigna que los hallazgos no representan fallas estructurales insuperables ni invalidan el resultado general. La calificación global del período auditado fue de 87.73 sobre 100. Se concentran en lo administrativo, la biodiversidad, la restauración ecológica y la articulación del monitoreo ambiental.

Las limitaciones existieron. Una auditoría entrega evidencia con un alcance declarado, y esa calificación mide cumplimiento de compromisos, no ausencia de daño. Los vacíos que el informe señala son la lista de lo que falta por verificar.

El Estado debería publicar un plan de acciones correctivas con fechas y responsables, en el mismo portal donde ya están los informes, e instalar una mesa de verificación con las comunidades de los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, la academia y, si acepta la invitación, la propia Conferencia Episcopal. Los resultados tendrían que quedar publicados cada trimestre, sin que nadie tenga que pedirlos. La Ley 125 de 2020, con la cual Panamá adoptó el Acuerdo de Escazú, ya obliga a publicar.

El mensaje reitera que Panamá no tiene vocación minera. En el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, el geólogo Stewart Redwood documentó en 2020 unos 1,900 años de minería en el istmo. La pieza de metal fechada más antigua del país es un anillo de cobre hallado en una tumba de Cerro Juan Díaz, de entre los años 135 y 380. Aquellos orfebres no se limitaban a lavar oro en los ríos: el cobre no viaja en las corrientes, hay que arrancarlo de la roca, y lo arrancaban para alearlo con oro. Los ríos auríferos que trabajaron, el Petaquilla, el Coclé del Norte, el Caimito y el Toabré, corren por el distrito de Donoso.

La actividad continuó después de la Colonia. Ese mismo estudio registra 444 títulos mineros otorgados entre 1887 y 1898, con minas de oro trabajándose en Colón, cerca de Sabanitas, y en Darién, donde la vieja mina de Cana volvió a operar en manos de una compañía anglofrancesa.

La escala no es la misma, claro. La historia desmiente la idea de que la minería metálica irrumpe en el istmo como un cuerpo ajeno.

El artículo 257 de la Constitución establece que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y que pueden ser objeto de concesiones o contratos. El 259 exige que esas concesiones se inspiren en el bienestar social y el interés público. El capítulo del régimen ecológico ordena reglamentar el aprovechamiento de los recursos no renovables para evitar perjuicios sociales, económicos y ambientales, los tres con el mismo rango.

El fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2023 declaró inconstitucional la Ley 406, y con ella salieron del ordenamiento el contrato y el procedimiento con que se seleccionó al concesionario. La actividad minera quedó donde siempre estuvo, en el artículo 257. La Ley 407 prohíbe otorgar, renovar o prorrogar concesiones metálicas. Ninguna de las dos resuelve qué hace el Estado con lo que ya está en Donoso.

Mientras tanto alguien paga.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), adscrito a la Contraloría General, divulgó en marzo de 2026 su Encuesta de Mercado Laboral: una tasa de desocupación de 10.4% a septiembre de 2025, con 227,302 personas sin empleo, y una informalidad de 47.1% entre los ocupados no agrícolas. El mismo instituto había reportado en marzo de 2025, en su avance de cifras del producto interno bruto, que el valor agregado de minas y canteras cayó 45.6% en 2024, explicado por el cierre de las operaciones de extracción de cobre.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) entregó el 14 de septiembre de 2026 a la Comisión Interministerial que analiza el futuro de la mina una actualización de su estudio sobre el impacto del cierre de la mina. Calcula 30,277 empleos afectados hasta diciembre de 2025, una pérdida de $4,851.1 millones de producto interno bruto real entre 2024 y 2025, y estima que sin el cierre la desocupación habría sido de 9% en lugar del 10.4% que midió el INEC. Las fuentes gremiales hay que leerlas con su interés declarado, pero esas cifras ya forman parte del expediente que el Ejecutivo tiene sobre la mesa.

La factura completa no la paga la ciudad de Panamá. La pagan los proveedores de Coclé y Colón que quedaron con planilla y sin contrato, y el trabajador formal que volvió a la informalidad, sin cobertura médica ni plan de jubilación.

Cada empleo formal que desapareció es también una cuota que la Caja de Seguro Social dejó de recibir, justo cuando el país discute cómo sostener las pensiones. La misma Constitución que manda cuidar el ambiente dice en su artículo 64 que el trabajo es un derecho y un deber, y que el Estado está obligado a promover el pleno empleo. No es una cláusula decorativa en un país donde casi la mitad de quienes trabajan lo hace sin seguridad social.

Los obispos piden que se promuevan alternativas sociales y económicas. Es la parte que más merece atención y la que sigue sin respuesta. Donoso y Omar Torrijos Herrera no tienen turismo, ni puerto, ni zona franca. Quien proponga la alternativa debería decir cuál es, cuántos empleos genera, con qué inversión y en qué año empieza a pagar salarios.

El mensaje se apoya en el Documento de Aparecida, el texto que los obispos de América Latina aprobaron en Brasil en 2007, y lo cita justo donde habla del destino universal de los bienes. Ese principio, desarrollado en los números 171 al 184 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, sostiene que los bienes de la creación existen para servir a todos y no para quedarse en pocas manos. El cobre de Donoso es uno de esos bienes. Dejarlo bajo tierra tampoco es una posición neutral, porque significa que nadie recibe nada de él, empezando por las comunidades que viven encima del yacimiento. El mismo principio obliga a que esos bienes alcancen a las generaciones siguientes, y ese lado del argumento es de los obispos.

El mismo Compendio desarrolla en los números 185 al 188 el principio de subsidiariedad, que manda resolver cada asunto en el nivel más cercano posible a la gente afectada. Aplicado a este caso, el futuro de Donoso no debería resolverse solo en la ciudad de Panamá, ni por quienes no vivimos allí.

El 24 de enero de 2026 León XIV, a quien el mensaje menciona, recibió en audiencia a empresarios de los rubros energético y de minerales críticos que operan en América Latina y el Caribe, en el séptimo encuentro de la iniciativa Construyendo Puentes de la Pontificia Comisión para América Latina, para hablar de desarrollo económico y de justicia socioclimática, según informó Vatican News ese mismo día. Y la encíclica Laudato si', del 24 de mayo de 2015, que el mensaje cita por su numeral 210, sostiene en el 128 que «el gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo».

La discusión no es entre la fe y la minería. Lo que queda abierto es bajo qué condiciones verificables se decide, y en qué plazo.

El reclamo de los obispos es legítimo. Uno de los tres que firman el mensaje es el obispo de Penonomé, y Coclé era la provincia con mayor afectación, 13,222 empleos según el estudio del Conep de enero de 2025, más del 28% del empleo privado provincial. La invitación a ser escuchados vale en los dos sentidos: en la mesa que revise los hallazgos de la auditoría hay una silla para ellos.

El autor es empresario.