Asamblea aprueba medidas para atender emergencias, proteger docentes y fortalecer la educación
La respuesta de los municipios ante desastres naturales, la protección legal de los docentes que auxilien a estudiantes y el reconocimiento de derechos laborales para promotores comunitarios forman parte de cinco proyectos aprobados en tercer debate por la Asamblea Nacional.
Tras el terremoto que afectó varias regiones de Panamá, los diputados aprobaron una iniciativa que permitirá a los municipios utilizar hasta el 100% de los recursos provenientes del impuesto de inmuebles para atender emergencias y financiar trabajos de reconstrucción.
La medida está contemplada en el Proyecto de Ley 759, que modifica disposiciones de la Ley 37 de 2009 sobre descentralización de la administración pública.
Su aplicación será temporal durante los años fiscales 2026 y 2027, principalmente en los municipios de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, así como en otras zonas afectadas que sean certificadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
La propuesta también contempla la utilización de saldos disponibles de ejercicios fiscales anteriores que no hayan sido comprometidos.
Con esta decisión, los gobiernos locales contarían con mayor flexibilidad financiera para responder a las necesidades de las comunidades afectadas, sin depender exclusivamente de nuevas asignaciones presupuestarias.
La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos aprobados en la recta final del período ordinario de sesiones legislativas.
Protección para quienes salvan vidas en las escuelas
Otra de las decisiones está relacionada con la protección del personal docente, administrativo y directivo de los centros educativos públicos y particulares cuando intervengan para auxiliar a personas durante una emergencia.
El Proyecto de Ley 351, impulsado por el diputado Eduardo Vásquez, introduce modificaciones a las normas conocidas como la Ley del Buen Samaritano.
La iniciativa establece la obligatoriedad de brindar capacitación y certificación en primeros auxilios básicos al personal de los centros educativos.
De acuerdo con el proyecto, quienes cuenten con esta certificación recibirán protección frente a responsabilidades administrativas, civiles y penales por daños que pudieran producirse durante las acciones de auxilio, conforme a las condiciones previstas en la norma.
La propuesta busca que maestros y otros trabajadores de los planteles puedan intervenir ante situaciones de urgencia con mayor respaldo legal y preparación.
Cambios para la educación inicial
En materia educativa, la Asamblea también aprobó el Proyecto de Ley 548, que incorpora los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial (CEFACEI) al Subsistema Regular de Educación Inicial del Ministerio de Educación.
La iniciativa reconoce expresamente a estos centros como instituciones educativas públicas de carácter comunitario.
Su incorporación permitirá fortalecer la supervisión pedagógica, establecer mecanismos de financiamiento mediante el Presupuesto General del Estado y asegurar la continuidad de los servicios educativos.
Uno de los cambios más importantes está relacionado con las condiciones laborales de los promotores comunales que trabajan en estos centros.
La propuesta reconoce su derecho a remuneración conforme a una escala salarial, vacaciones, décimo tercer mes, licencias, seguridad social y otras prestaciones establecidas en la legislación panameña.
Con esta medida se busca fortalecer la educación durante los primeros años de vida y brindar mayor estabilidad al personal encargado de atender a los niños.
Modernización de las profesiones de salud
En el sector salud, los diputados aprobaron el Proyecto de Ley 466, que actualiza las disposiciones que regulan el ejercicio de la fisioterapia y la kinesiología en Panamá.
La propuesta modifica la Ley 47 del 22 de noviembre de 1984, cuyo marco jurídico tiene más de cuatro décadas de vigencia.
La actualización responde a la necesidad de adecuar la regulación profesional a los avances de la medicina, las nuevas tecnologías y las condiciones actuales de los servicios de rehabilitación.
El objetivo es modernizar las reglas aplicables al ejercicio de estas profesiones y ofrecer un marco legal acorde con las necesidades del sistema de salud.
Más oportunidades para entrenadores extranjeros
El deporte también fue incluido entre las iniciativas aprobadas durante la jornada legislativa.
Mediante el Proyecto de Ley 511, propuesto por el diputado Augusto Palacios, se introducen modificaciones a la Ley 54 de 2011 relacionadas con la residencia migratoria de profesionales del deporte.
La propuesta busca facilitar la permanencia en Panamá de entrenadores y especialistas extranjeros que contribuyan a la preparación de atletas nacionales.
El proyecto contempla un período provisional de dos años, tras el cual los profesionales podrán solicitar la residencia permanente, conforme a los requisitos establecidos.
La iniciativa pretende favorecer la continuidad de los procesos de entrenamiento y el intercambio de conocimientos técnicos para mejorar la competitividad de los deportistas panameños en escenarios internacionales.
Proyectos pendientes de convertirse en ley
Las cinco iniciativas abarcan asuntos que van desde la administración de recursos públicos hasta los derechos laborales, la formación educativa, los servicios de salud y el desarrollo deportivo.
Aunque recibieron la aprobación de la Asamblea Nacional en tercer debate, todavía deben completar el proceso correspondiente, incluida la sanción presidencial y su publicación oficial, para convertirse en leyes vigentes.
Más allá del trámite legislativo, uno de los principales desafíos será garantizar que estas disposiciones puedan aplicarse de manera efectiva y que sus beneficios lleguen a los municipios, trabajadores, estudiantes y profesionales a quienes están dirigidas.
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