Forum de Periodistas rechaza demanda de $1.5 millones contra La Prensa y periodista Mary Triny Zea
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información rechazó la demanda civil por $1.5 millones presentada por el diputado Benicio Robinson contra Corporación La Prensa, S.A. y la periodista Mary Triny Zea, relacionada con una investigación periodística publicada en febrero de 2022.
La organización expresó su posición mediante un comunicado divulgado en septiembre de 2026, en el que señala que el proceso se mantiene ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Civiles.
La acción judicial está relacionada con el reportaje titulado “Ruta de los cupos llega hasta el diputado Benicio Robinson”, una investigación sobre la adjudicación de cupos de transporte público en Panamá.
Según el Fórum, el trabajo periodístico se sustentó en información procedente de entidades del Estado, registros públicos y documentación obtenida mediante mecanismos legales de acceso a la información.
Entre los datos utilizados se encontraba información de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), solicitada al amparo de la Ley de Transparencia.
La investigación examinó las relaciones entre organizaciones beneficiarias de cupos de transporte, el diputado y personas de su entorno familiar, en un asunto que el Fórum considera de interés público.
La organización también expresó preocupación por el impacto que pueden generar las demandas de elevada cuantía contra periodistas y medios de comunicación.
A su juicio, procesos judiciales prolongados pueden provocar desgaste económico, desalentar investigaciones periodísticas y favorecer escenarios de autocensura.
El Fórum recordó además los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de libertad de expresión y escrutinio de funcionarios públicos.
En su comunicado sostiene que, cuando se trata de asuntos de interés público, los estándares interamericanos establecen un umbral reforzado para determinar responsabilidades civiles.
Finalmente, la organización informó que continuará atenta al desarrollo del proceso, respetando la independencia judicial, pero advirtió sobre el posible efecto inhibidor que una reclamación económica de esta magnitud puede generar sobre el ejercicio del periodismo.
El proceso judicial continúa abierto y corresponderá a las instancias competentes determinar las responsabilidades de las partes.
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